El escándalo de las viviendas de protección oficial

¡Menuda se ha montado con la Corrala Utopía! Su desalojo, su realojo…

Llevamos varios días recibiendo un continuo goteo de noticias sobre el tema… y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que me parece de muy mal gusto y escandalosa la utilización político-mediática de las desgracias de la gente.

Que sí, que sí… que los políticos nos quieren vender que “ellos” ayudan a las personas, pretenden “vendér-se-nos” como alamas caritativas… Pero ¡NO!... que no, que no… que las administraciones públicas se sustentan con los impuestos que pagamos todos… Nadie tiene que agradecer el hecho de recibir una ayuda social a un alcalde, ni concejal, ni presidente, ni político alguno: es gracias a que vivimos en un Estado de bienestar, que nos otorga determinados derechos sociales legislados.

Por desgracia, no sólo los ocupantes de la Corrala Utopía tienen problemas de vivienda. Millones de personas en España viven como pueden y donde pueden…

El realojo de las familias de la Corrala no es un problema de izquierdas ni de derechas… es un problema social puntual. Las dificultades que tienen tantas y tantas personas para tener o mantener su vivienda es un problema social universal. Y a los políticos los votamos para que nos representen, nos escuchen y encuentren solución a estos problemas… no quiero oír hablar de argumentos de izquierdas o de derechas, que eso ya está obsoleto y pasado de moda... no creo que solucione nada discutir politizándolo todo.

El conflicto concreto que provocó el realojo de las familias de la Corrala en la Junta de Andalucía es lógico, porque no es justo que por hacer “ruido” consigan que una administración pública les ayude pasando por encima de otras familias que lo necesitan más… para eso están los baremos y las listas. El respeto y la defensa del cumplimiento de la ley deben ser defendidos por toda la sociedad, desde todos sus ámbitos, y no debe ser bandera de ninguna inclinación política sino que debe serlo de todos y cada uno de nosotros.

Y sí, el realojo de las familias de la Corrala Utopía supone una discriminación hacia el resto de familias aunque haya sido por mandato judicial… porque hay muchas otras familias desalojadas a diario de sus viviendas o que las tienen que abandonar por diversos motivos, y que tienen que “buscarse la vida” como pueden para encontrar un techo donde vivir, sin poder saltarse las trabas burocráticas y las listas de espera.

Y a mí me parece normal que los vecinos de la Corrala hayan presionado y armen la de San Quintín para conseguir una vivienda… Cada cual pelea por lo suyo a su manera y sus razones tendrán, que como se dice en mi tierra “o que non chora, non mama” y protestar es un derecho legítimo. Pero hay leyes, criterios objetivos, baremos… que sirven para garantizar la igualdad y evitar que el poder del más fuerte pise a los menos fuertes (los que protestan pública y notoriamente VS los que no quieren o no tienen fuerzas ya para hacerlo). El volumen acústico no puede ser nunca un baremo para medir las necesidades de las personas.

Pero cuidado… porque la Constitución (y el sentido común) dicen que todos tenemos derecho a una vivienda digna… pero eso no significa que esa vivienda tenga que ser en propiedad. Creo que las viviendas de protección oficial deberían ser exclusivamente en alquiler, y que habría que regular la renta revisándola periódicamente en función de la renta per cápita de la unidad familiar… así las familias más necesitadas pagarían una mensualidad muy reducida, y en caso de mejorar su situación económica de forma temporal o definitiva la renta se adaptaría a las circunstancias. Por ejemplo (y es sólo un ejemplo para explicar la idea que defiendo), supongamos que un piso de protección oficial de dos dormitorios en x ciudad tenga tasado el alquiler en 350 euros: si una mamá con un peque ingresa sólo 426 euros al mes, entonces que pague 50 de alquiler; y si encuentra trabajo y pasa a ganar 1.000 euros, que se le suba a 150; y si tiene la suerte de encontrar un empleo en el que gane 2.000 euros, que pague los 350… y así tendrá la opción de quedarse en su vivienda aunque aumenten sus ingresos pagando lo mismo que pagaría en otra casa semejante, o de mudarse a donde ella quiera ya que tiene más recursos.

¿Por qué no en propiedad? Porque la adjudicación de las viviendas de protección oficial en propiedad sólo tiene en cuenta los momentos concretos en que es solicitada y otorgada... y se convierte en un problema pagar la hipoteca si los ingresos de la familia disminuyen... y se convierte en algo injusto si las circunstancias familiares mejoran.